Editorial semanal de la coordinadora del GPPAN, Josefina Vázquez Mota
En México, la violencia contra las mujeres es un hecho lacerante que lastima a la sociedad entera. Por lo mismo resulta incomprensible que gobiernos estatales que se precian de ser ejemplo de modernidad no comprendan aún que en el seno doméstico y en el espacio público las mujeres son agredidas de manera reiterada por el solo hecho de ser mujeres.
Indignarse ante la tragedia humana es lo mínimo que los servidores públicos le deben a la población que les confió su seguridad, que los eligió como sus autoridades y que paga sus sueldos. Ocuparse y responder con conciencia y en defensa de la dignidad de las personas es su obligación.
Minimizar la gravedad de los homicidios de mujeres por razones de género y ocuparse en buscar contraejemplos y casuísticas para justificar su ocurrencia es vergonzoso, inaceptable y una falta de respeto a las y los ciudadanos.
En días recientes observamos a través de los medios de comunicación la negativa firme y recurrente de las autoridades del Estado de México, con la intervención de representantes de otros gobiernos estatales emanados de su mismo partido político, para proceder con responsabilidad institucional ante la petición de la sociedad civil organizada de revisar las condiciones en las que ocurren los homicidios de mujeres en la entidad. Primero descalificando los mecanismos institucionales previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después minimizando y denostando la vida de las mujeres asesinadas, atribuyéndoles culpabilidad y comportamientos que en su momento, según las declaraciones del Procurador del Estado, les merecieron la brutalidad de la violencia que les privó de la vida.
La atención que el gobierno del estado ha dado a esta problemática está muy lejos de ser la adecuada. Más allá de argumentos y declaraciones de funcionarios locales que pretextan “ataques electorales”, el trabajo sostenido y valeroso de organizaciones de la sociedad civil ha evidenciado la gravedad de los asesinatos en contra de mujeres, así como la falta de atención para resolver este problema.
La impunidad y violencia institucional con que en estos casos ha actuado el Estado de México nos obliga en el Poder Legislativo a una revisión aun más cuidadosa y exigente de las leyes que garantizan y salvaguardan la dignidad y derechos de las mujeres, evitando así que cualquier mínimo espacio o descuido pueda ser utilizado para ignorar la violencia y convertirse así en un poderoso cómplice de estos delitos, justo lo contrario a aquello que se supone debiese estar sucediendo.
Los homicidios por razones de género, los feminicidios, son signos de descomposición social y negligencia gubernamental. La violencia de género sigue un proceso recurrente que muchas veces termina en un asesinato. Se trata de agresiones verbales y físicas repetidas, que van escalando hasta resultar en lesiones graves, discapacidad e incluso la muerte.
Es un fenómeno que no resulta de sucesos intempestivos, sino de agresiones que se van construyendo a lo largo del tiempo, a los ojos de las familias y las comunidades y, muy frecuentemente, de las autoridades.
Hablar de violencia feminicida es hablar de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres. Es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por algunas autoridades, en el ámbito público y privado. Esta violencia toma connotaciones particulares al conformarse por hechos que, aunque penados por la ley, parecieran minimizadas por una parte importante de instituciones y autoridades.
Sistematizar y ordenar la información sobre violencia de género es una tarea compleja porque precisamente no se reconoce como tal por la discriminación que viven las mujeres y por una violencia institucional en muchos estados. Esta violencia es la falta de acción, la negligencia u omisión por parte de las autoridades, y que está catalogada en la Ley que todas las fuerzas políticas aprobaron en el Congreso en 2007.
Sin embargo, por razones que sólo pueden leerse como político-electorales, ahora gobiernos emanados de una de esas fuerzas políticas frena la alerta de Género en el Estado de México, de manera inexplicable si la razón de ser de gobierno es proteger el bienestar de las personas.
En México, la violencia contra las mujeres es un hecho lacerante que lastima a la sociedad entera. Por lo mismo resulta incomprensible que gobiernos estatales que se precian de ser ejemplo de modernidad no comprendan aún que en el seno doméstico y en el espacio público las mujeres son agredidas de manera reiterada por el solo hecho de ser mujeres.
Indignarse ante la tragedia humana es lo mínimo que los servidores públicos le deben a la población que les confió su seguridad, que los eligió como sus autoridades y que paga sus sueldos. Ocuparse y responder con conciencia y en defensa de la dignidad de las personas es su obligación.
Minimizar la gravedad de los homicidios de mujeres por razones de género y ocuparse en buscar contraejemplos y casuísticas para justificar su ocurrencia es vergonzoso, inaceptable y una falta de respeto a las y los ciudadanos.
En días recientes observamos a través de los medios de comunicación la negativa firme y recurrente de las autoridades del Estado de México, con la intervención de representantes de otros gobiernos estatales emanados de su mismo partido político, para proceder con responsabilidad institucional ante la petición de la sociedad civil organizada de revisar las condiciones en las que ocurren los homicidios de mujeres en la entidad. Primero descalificando los mecanismos institucionales previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después minimizando y denostando la vida de las mujeres asesinadas, atribuyéndoles culpabilidad y comportamientos que en su momento, según las declaraciones del Procurador del Estado, les merecieron la brutalidad de la violencia que les privó de la vida.
La atención que el gobierno del estado ha dado a esta problemática está muy lejos de ser la adecuada. Más allá de argumentos y declaraciones de funcionarios locales que pretextan “ataques electorales”, el trabajo sostenido y valeroso de organizaciones de la sociedad civil ha evidenciado la gravedad de los asesinatos en contra de mujeres, así como la falta de atención para resolver este problema.
La impunidad y violencia institucional con que en estos casos ha actuado el Estado de México nos obliga en el Poder Legislativo a una revisión aun más cuidadosa y exigente de las leyes que garantizan y salvaguardan la dignidad y derechos de las mujeres, evitando así que cualquier mínimo espacio o descuido pueda ser utilizado para ignorar la violencia y convertirse así en un poderoso cómplice de estos delitos, justo lo contrario a aquello que se supone debiese estar sucediendo.
Los homicidios por razones de género, los feminicidios, son signos de descomposición social y negligencia gubernamental. La violencia de género sigue un proceso recurrente que muchas veces termina en un asesinato. Se trata de agresiones verbales y físicas repetidas, que van escalando hasta resultar en lesiones graves, discapacidad e incluso la muerte.
Es un fenómeno que no resulta de sucesos intempestivos, sino de agresiones que se van construyendo a lo largo del tiempo, a los ojos de las familias y las comunidades y, muy frecuentemente, de las autoridades.
Hablar de violencia feminicida es hablar de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres. Es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por algunas autoridades, en el ámbito público y privado. Esta violencia toma connotaciones particulares al conformarse por hechos que, aunque penados por la ley, parecieran minimizadas por una parte importante de instituciones y autoridades.
Sistematizar y ordenar la información sobre violencia de género es una tarea compleja porque precisamente no se reconoce como tal por la discriminación que viven las mujeres y por una violencia institucional en muchos estados. Esta violencia es la falta de acción, la negligencia u omisión por parte de las autoridades, y que está catalogada en la Ley que todas las fuerzas políticas aprobaron en el Congreso en 2007.
Sin embargo, por razones que sólo pueden leerse como político-electorales, ahora gobiernos emanados de una de esas fuerzas políticas frena la alerta de Género en el Estado de México, de manera inexplicable si la razón de ser de gobierno es proteger el bienestar de las personas.
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