Poner en primer plano la legalización podría ser una forma de evadir la responsabilidad de fortalecerlas. Es menos difícil fortalecer las instituciones que tratar de legalizar las drogas, dice Josefina Vázquez Mota en su editorial.
Agosto 28, 2011
Los diputados de Acción Nacional hemos expresado nuestra más profunda indignación ante el cobarde y cruel atentado que se perpetró el 25 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Reiteramos el pesar y la mayor solidaridad a las familias de las víctimas inocentes. Compartimos su dolor y su coraje.
Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia para aplicarles todo el peso de la Ley. No puede haber tregua posible para enfrentar a estos asesinos, para ejercer con todo rigor y firmeza lo que la Ley manda, porque esa es la obligación del Estado. Es claro que ante el crimen organizado no puede haber ni negociación ni claudicación.
Las y los diputados de Acción Nacional nos comprometemos a realizar lo que dentro de nuestra responsabilidad contribuya a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Seguiremos vigilando que las autoridades cumplan sus compromisos para ofrecer seguridad y justicia a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Pediremos a la Auditoría Superior de la Federación que intensifique sus revisiones y genere más rápido sus recomendaciones para que los recursos que hemos aprobado en el presupuesto federal, para ser transferido a los gobiernos locales con el propósito de dar mayor seguridad a las personas, se aplique efectivamente en ese fin y se utilice eficientemente.
Hoy más que nunca están claras las consecuencias de no haber dictaminado y aprobado importantes leyes que son fundamentales para fortalecer la seguridad, la justicia y el combate a la delincuencia. La Ley de Robo de Combustibles, que debe frenar el avance del crimen organizado hacia nuevas áreas. La Ley de Ejecución de Sanciones, que permitirá asegurar que quiénes quebrantan la Ley cumplirán las condenas que correspondan. Y por supuesto, estamos comprometidos en construir una Ley de Víctimas de la Violencia, que incluya la creación de un fondo de asistencia económica que garantice el pago de la reparación del daño y el apoyo a familiares.
Debemos terminar de revisar los marcos legales para tener gobiernos locales fuertes. La seguridad tiene muchos componentes, pero comienza en cada cuadra, cada manzana y cada localidad. El gobierno local es la instancia fundamental de la seguridad y el punto de contacto más inmediato entre el ciudadano y el gobierno. La crisis de seguridad tiene mucho que ver con las policías débiles y corruptas.
Nuestra tarea desde el Congreso es ofrecer al Estado Mexicano las herramientas fundamentales para construir las instituciones que permitan a los mexicanos vivir en un régimen de leyes.
Aunque logramos la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Ley contra el Lavado de Dinero, que entre otros aspectos busca mejorar la información sobre flujos de dinero para identificar operaciones sospechosas o el origen de fortunas y hacer más rigurosas las sanciones, inexplicablemente se ha frenado su dictaminación en la Comisión de Justicia. No debe postergarse más la aprobación de esta Ley que sabemos es pieza básica para atacar de manera integral al crimen organizado, porque afecta las enormes rentas económicas producidas por las actividades ilícitas.
Y reconocemos el reclamo de la sociedad por tener una Ley de Seguridad Nacional, que con una visión humanística y de garantía estricta de respeto y defensa de los derechos humanos, ofrezca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las fuerzas federales, de certidumbre jurídica y atribuciones legales indispensables para enfrentar con eficacia al crimen organizado. Debemos acelerar el proceso, sin menoscabo de que todas las voces sean escuchadas con atención y cuidado.
Ante la violencia desplegada por el crimen organizado, se escuchan voces que sugieren legalizar el uso de las drogas. No podemos cerrarnos al análisis profesional, documentado y que aproveche experiencias internacionales. Este es un debate que debe darse con toda responsabilidad. Sólo debo señalar que las drogas y el crimen organizado desnudaron las debilidades institucionales, sobre todo localmente. Poner en primer plano la legalización podría ser una forma de evadir la responsabilidad de fortalecerlas. Es menos difícil fortalecer las instituciones que tratar de legalizar las drogas. Esta no puede ser vista como un tema unilateral, porque tiene una dimensión internacional que no puede ignorarse. Además, con toda seguridad se multiplicaría el problema de salud pública en el país por la expansión de las adicciones. Por eso debemos ser muy responsables al debatir este tema.
Todas las instituciones del Estado debemos luchar unidos con los ciudadanos contra la delincuencia. Este atentado impacta obviamente en el ánimo de la población. Genera tristeza, preocupación y enojo. Pero los mexicanos no nos rendimos y no aceptamos vivir con miedo, porque el miedo es opuesto a la libertad y la democracia.
Los regiomontanos no están solos. No es tiempo de claudicar. No aceptamos la impunidad, el abuso o la corrupción. No aceptamos la ilegalidad ni la desvergüenza. México está unido y comprometido en perseverar, en redoblar el esfuerzo hasta alcanzar la seguridad, la paz y la justicia.
Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia para aplicarles todo el peso de la Ley. No puede haber tregua posible para enfrentar a estos asesinos, para ejercer con todo rigor y firmeza lo que la Ley manda, porque esa es la obligación del Estado. Es claro que ante el crimen organizado no puede haber ni negociación ni claudicación.
Las y los diputados de Acción Nacional nos comprometemos a realizar lo que dentro de nuestra responsabilidad contribuya a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Seguiremos vigilando que las autoridades cumplan sus compromisos para ofrecer seguridad y justicia a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Pediremos a la Auditoría Superior de la Federación que intensifique sus revisiones y genere más rápido sus recomendaciones para que los recursos que hemos aprobado en el presupuesto federal, para ser transferido a los gobiernos locales con el propósito de dar mayor seguridad a las personas, se aplique efectivamente en ese fin y se utilice eficientemente.
Hoy más que nunca están claras las consecuencias de no haber dictaminado y aprobado importantes leyes que son fundamentales para fortalecer la seguridad, la justicia y el combate a la delincuencia. La Ley de Robo de Combustibles, que debe frenar el avance del crimen organizado hacia nuevas áreas. La Ley de Ejecución de Sanciones, que permitirá asegurar que quiénes quebrantan la Ley cumplirán las condenas que correspondan. Y por supuesto, estamos comprometidos en construir una Ley de Víctimas de la Violencia, que incluya la creación de un fondo de asistencia económica que garantice el pago de la reparación del daño y el apoyo a familiares.
Debemos terminar de revisar los marcos legales para tener gobiernos locales fuertes. La seguridad tiene muchos componentes, pero comienza en cada cuadra, cada manzana y cada localidad. El gobierno local es la instancia fundamental de la seguridad y el punto de contacto más inmediato entre el ciudadano y el gobierno. La crisis de seguridad tiene mucho que ver con las policías débiles y corruptas.
Nuestra tarea desde el Congreso es ofrecer al Estado Mexicano las herramientas fundamentales para construir las instituciones que permitan a los mexicanos vivir en un régimen de leyes.
Aunque logramos la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Ley contra el Lavado de Dinero, que entre otros aspectos busca mejorar la información sobre flujos de dinero para identificar operaciones sospechosas o el origen de fortunas y hacer más rigurosas las sanciones, inexplicablemente se ha frenado su dictaminación en la Comisión de Justicia. No debe postergarse más la aprobación de esta Ley que sabemos es pieza básica para atacar de manera integral al crimen organizado, porque afecta las enormes rentas económicas producidas por las actividades ilícitas.
Y reconocemos el reclamo de la sociedad por tener una Ley de Seguridad Nacional, que con una visión humanística y de garantía estricta de respeto y defensa de los derechos humanos, ofrezca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las fuerzas federales, de certidumbre jurídica y atribuciones legales indispensables para enfrentar con eficacia al crimen organizado. Debemos acelerar el proceso, sin menoscabo de que todas las voces sean escuchadas con atención y cuidado.
Ante la violencia desplegada por el crimen organizado, se escuchan voces que sugieren legalizar el uso de las drogas. No podemos cerrarnos al análisis profesional, documentado y que aproveche experiencias internacionales. Este es un debate que debe darse con toda responsabilidad. Sólo debo señalar que las drogas y el crimen organizado desnudaron las debilidades institucionales, sobre todo localmente. Poner en primer plano la legalización podría ser una forma de evadir la responsabilidad de fortalecerlas. Es menos difícil fortalecer las instituciones que tratar de legalizar las drogas. Esta no puede ser vista como un tema unilateral, porque tiene una dimensión internacional que no puede ignorarse. Además, con toda seguridad se multiplicaría el problema de salud pública en el país por la expansión de las adicciones. Por eso debemos ser muy responsables al debatir este tema.
Todas las instituciones del Estado debemos luchar unidos con los ciudadanos contra la delincuencia. Este atentado impacta obviamente en el ánimo de la población. Genera tristeza, preocupación y enojo. Pero los mexicanos no nos rendimos y no aceptamos vivir con miedo, porque el miedo es opuesto a la libertad y la democracia.
Los regiomontanos no están solos. No es tiempo de claudicar. No aceptamos la impunidad, el abuso o la corrupción. No aceptamos la ilegalidad ni la desvergüenza. México está unido y comprometido en perseverar, en redoblar el esfuerzo hasta alcanzar la seguridad, la paz y la justicia.
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