"Aunque en el discurso los legisladores nos hemos comprometido a dar respuesta a los enormes apremios que tiene México, no todos caminamos con este objetivo", dice Josefina en su editorial.
Agosto 21, 2011
Existe una deuda con los ciudadanos porque no se han resuelto los nuevos mecanismos y espacios para que tengan más poder sobre los legisladores. Es una deuda que significa que siga existiendo la impunidad de los políticos que saben que no pueden ser castigados o premiados por la ciudadanía porque no existe el poder de decidir quiénes deben quedarse y quiénes deben irse.
Es una deuda que persiste porque se rechazan las candidaturas independientes que son contrarias al monopolio de las burocracias de partido. Porque se intenta negociar el establecimiento de mayorías parlamentarias artificiales que no son sino la búsqueda de nuevas formas de autoritarismo. Porque no se es consecuente con la decisión de las mismas fuerzas políticas que en el Senado de la República votaron a favor de la Reforma Política, que nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsa con el respaldo de todos sus diputados.
Existe una deuda con las oportunidades de crecimiento económico de México y con la protección y creación de empleos dignos y productivos. Es la deuda con los ciudadanos por las reformas estructurales que siguen pendientes en el Congreso.
Aunque en el discurso los legisladores nos hemos comprometido a dar respuesta a los enormes apremios que tiene México, no todos caminamos con este objetivo. Es la deuda que frena la reforma laboral. Por el contrario, las y los diputados del PAN nos comprometimos incluso a apoyar con nuestros votos y nuestras firmas la propuesta de Reforma Laboral que en su momento presentó el PRI, con la convicción de que ese respaldo político permitiría a nuestro país contar de una buena vez por todas con una legislación más moderna, en favor de los empleos para más mujeres y más jóvenes.
No cejaremos en nuestro compromiso por la reforma laboral, porque ante un entorno económico mundial con altos riesgos, la medida más importante es la aprobación de las reformas pendientes.
Existe una deuda con la responsabilidad hacendaria. Debemos los legisladores seguir avanzando hacia un marco tributario simplificado, que no permita privilegios fiscales y enfrente los problemas de evasión y elusión fiscal, que fomente la actividad económica e incremente la base de contribuyentes, recaudando impuestos de manera justa, proporcional y equitativa.
Esta deuda tiene expresiones en las administraciones estatales y locales que no han superado la informalidad y la piratería que limitan la economía de millones de trabajadores mexicanos que cumplen puntualmente con las reglas establecidas. El combate a la informalidad no es sólo cuestión de los vendedores ambulantes, porque ellos representan el último y más débil eslabón de una cadena donde están involucrados con verdadera culpabilidad quienes producen e introducen artículos al país fuera de las reglas de mercado y sin contribuir a los ingresos públicos. La deuda con los ciudadanos consiste en no detener la impunidad de los funcionarios que ingresan a su bolsillo las cuotas que cobran a estos vendedores ambulantes, para beneficio propio o para conformar bolsas que se distribuyen entre más funcionarios corruptos o se usan sin transparencia con fines políticos.
Existe una deuda con el federalismo, que en muchos sitios de nuestro país no termina de consolidarse institucionalmente frente al poder local. Es una deuda con la transparencia, con la rendición de cuentas a los ciudadanos por el empleo de los recursos públicos. Es una deuda con la existencia de contrapesos reales que frenen el autoritarismo y el abuso a nivel local.
Es una deuda por rehusar la recaudación de impuestos que les mandata la ley, por estar sobre-endeudado a los estados que gobiernan, por recurrir al Gobierno Federal en busca de incrementar las transferencias que año con año reciben, sin mostrar corresponsabilidad alguna.
Es una deuda de falta de corresponsabilidad por generar con recaudaciones locales únicamente el 8.1% de sus ingresos totales, como promedio nacional, con casos extremos que sólo generan 3.5% de sus ingresos totales.
Es una deuda de irresponsabilidad que en esta década, aunque las transferencias que la federación envía a los estados han aumentado en más de 100%, la deuda de los estados haya aumentado en más de 250%. Más grave aún, hay entidades que han multiplicado sus obligaciones más allá de cualquier lógica: Veracruz incrementó su deuda, en términos reales, en más de 700 veces, Michoacán, en treinta veces y Coahuila, nada más en el último sexenio, en cien veces. Un lastre para las generaciones futuras que no puede sino llamarse irresponsable. Las transferencias y la deuda son instrumentos para el desarrollo de los estados y para atacar la pobreza, no para comprometer el futuro de sus ciudadanos.
Para frenar esta acumulación de deudas que pueden dañar no sólo a la población de los estados en cuestión, sino a la Nación en su conjunto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados los legisladores del PAN hemos introducido propuesta de leyes cuyo propósito es acabar con el endeudamiento excesivo, sin un destino social o productivo específico, sin transparencia ni rendición de cuentas, de los estados y los municipios del país.
Estas deudas ponen al descubierto, por un lado, la ausencia de contrapesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estas deudas ponen al descubierto un sistema fiscal aún insuficiente, una hacienda pública con escasos márgenes de maniobra. Estas deudas dan cuenta también de una impunidad que lastima y ofende. Las propuestas de cambio a la Ley de Coordinación Fiscal que hoy se quiere cambiar para la rentabilidad de algunos gobiernos estatales, son urgentes, pero estos cambios deben ser para la rentabilidad ciudadana, ni más, ni menos.
Es una deuda que persiste porque se rechazan las candidaturas independientes que son contrarias al monopolio de las burocracias de partido. Porque se intenta negociar el establecimiento de mayorías parlamentarias artificiales que no son sino la búsqueda de nuevas formas de autoritarismo. Porque no se es consecuente con la decisión de las mismas fuerzas políticas que en el Senado de la República votaron a favor de la Reforma Política, que nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsa con el respaldo de todos sus diputados.
Existe una deuda con las oportunidades de crecimiento económico de México y con la protección y creación de empleos dignos y productivos. Es la deuda con los ciudadanos por las reformas estructurales que siguen pendientes en el Congreso.
Aunque en el discurso los legisladores nos hemos comprometido a dar respuesta a los enormes apremios que tiene México, no todos caminamos con este objetivo. Es la deuda que frena la reforma laboral. Por el contrario, las y los diputados del PAN nos comprometimos incluso a apoyar con nuestros votos y nuestras firmas la propuesta de Reforma Laboral que en su momento presentó el PRI, con la convicción de que ese respaldo político permitiría a nuestro país contar de una buena vez por todas con una legislación más moderna, en favor de los empleos para más mujeres y más jóvenes.
No cejaremos en nuestro compromiso por la reforma laboral, porque ante un entorno económico mundial con altos riesgos, la medida más importante es la aprobación de las reformas pendientes.
Existe una deuda con la responsabilidad hacendaria. Debemos los legisladores seguir avanzando hacia un marco tributario simplificado, que no permita privilegios fiscales y enfrente los problemas de evasión y elusión fiscal, que fomente la actividad económica e incremente la base de contribuyentes, recaudando impuestos de manera justa, proporcional y equitativa.
Esta deuda tiene expresiones en las administraciones estatales y locales que no han superado la informalidad y la piratería que limitan la economía de millones de trabajadores mexicanos que cumplen puntualmente con las reglas establecidas. El combate a la informalidad no es sólo cuestión de los vendedores ambulantes, porque ellos representan el último y más débil eslabón de una cadena donde están involucrados con verdadera culpabilidad quienes producen e introducen artículos al país fuera de las reglas de mercado y sin contribuir a los ingresos públicos. La deuda con los ciudadanos consiste en no detener la impunidad de los funcionarios que ingresan a su bolsillo las cuotas que cobran a estos vendedores ambulantes, para beneficio propio o para conformar bolsas que se distribuyen entre más funcionarios corruptos o se usan sin transparencia con fines políticos.
Existe una deuda con el federalismo, que en muchos sitios de nuestro país no termina de consolidarse institucionalmente frente al poder local. Es una deuda con la transparencia, con la rendición de cuentas a los ciudadanos por el empleo de los recursos públicos. Es una deuda con la existencia de contrapesos reales que frenen el autoritarismo y el abuso a nivel local.
Es una deuda por rehusar la recaudación de impuestos que les mandata la ley, por estar sobre-endeudado a los estados que gobiernan, por recurrir al Gobierno Federal en busca de incrementar las transferencias que año con año reciben, sin mostrar corresponsabilidad alguna.
Es una deuda de falta de corresponsabilidad por generar con recaudaciones locales únicamente el 8.1% de sus ingresos totales, como promedio nacional, con casos extremos que sólo generan 3.5% de sus ingresos totales.
Es una deuda de irresponsabilidad que en esta década, aunque las transferencias que la federación envía a los estados han aumentado en más de 100%, la deuda de los estados haya aumentado en más de 250%. Más grave aún, hay entidades que han multiplicado sus obligaciones más allá de cualquier lógica: Veracruz incrementó su deuda, en términos reales, en más de 700 veces, Michoacán, en treinta veces y Coahuila, nada más en el último sexenio, en cien veces. Un lastre para las generaciones futuras que no puede sino llamarse irresponsable. Las transferencias y la deuda son instrumentos para el desarrollo de los estados y para atacar la pobreza, no para comprometer el futuro de sus ciudadanos.
Para frenar esta acumulación de deudas que pueden dañar no sólo a la población de los estados en cuestión, sino a la Nación en su conjunto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados los legisladores del PAN hemos introducido propuesta de leyes cuyo propósito es acabar con el endeudamiento excesivo, sin un destino social o productivo específico, sin transparencia ni rendición de cuentas, de los estados y los municipios del país.
Estas deudas ponen al descubierto, por un lado, la ausencia de contrapesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estas deudas ponen al descubierto un sistema fiscal aún insuficiente, una hacienda pública con escasos márgenes de maniobra. Estas deudas dan cuenta también de una impunidad que lastima y ofende. Las propuestas de cambio a la Ley de Coordinación Fiscal que hoy se quiere cambiar para la rentabilidad de algunos gobiernos estatales, son urgentes, pero estos cambios deben ser para la rentabilidad ciudadana, ni más, ni menos.
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