Editorial del Grupo Parlamentario del PAN
El pasado miércoles 2 de noviembre el país entero fue sacudido por el terrible y artero asesinato del Presidente Municipal de la Piedad, Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, quien fue atacado por individuos armados mientras se encontraba repartiendo propaganda electoral en su alcaldía. Ante hechos tan lamentables como éste, los legisladores de Acción Nacional nos encontramos ante el reto de redoblar esfuerzos para destrabar los caminos que hasta ahora se han bloqueado para lograr un combate más efectivo contra el crimen organizado.
Faltan las palabras para expresar a cabalidad la tristeza que significa la pérdida de un hombre bueno y un panista ejemplar, destacado por su trabajo responsable en pro del bienestar y desarrollo de las personas. Faltan también las palabras para calificar a los criminales que orquestaron y ejecutaron este crimen tan cobarde.
Ricardo Guzmán Romero era un panista sobresaliente, miembro activo de Acción Nacional desde 1992, gobernó con gran acierto y eficiencia el municipio de La Piedad desde el 1 de enero de 2008. A sus 45 años, se desempeñaba también como Coordinador de los Alcaldes Panistas de Michoacán, en donde se destacó siempre por su entrega, responsabilidad y calidez humana. Era reconocido como un demócrata valiente que defendió con energía los valores que sustentan al PAN.
En honor a su memoria y a la de las personas de bien que han caído frente a la tremenda escalada del crimen organizado; más allá de la enérgica condena a la cobardía de quienes pretenden sembrar el miedo y generar un ambiente de terror y caos, es indispensable impulsar acciones contundentes para promover la unificación de criterios en la lucha contra el crimen organizado en los tres niveles de gobierno.
Es necesario que avancemos en la consolidación de un mando único policíaco y, en suma, que redoblemos los esfuerzos que garanticen que los mexicanos trabajadores y honestos, que somos la mayoría, ganemos la lucha a los criminales, que ganemos la lucha al miedo que mueve y alimenta a las bandas organizadas.
Ricardo Guzmán se suma a la lista de personas que han sido abatidas por la delincuencia y en su asesinato resalta el hecho de que no se trata de la lucha de un partido político en particular, ni de la de un gobierno específico, estamos frente a la amenaza sin precedentes de la tremenda escalada del crimen organizado que pretende poner en jaque a las instituciones y a todo lo que consideramos valioso.
Después del asesinato de Juan Marcelo Ibarra Villa, alcalde de Villa Madero, Michoacán, con éste suman un total de veintisiete ediles que han sido atacados por criminales en circunstancias similares en 13 estados de la República Mexicana. Han sido secuestrados, emboscados o ultimados por sus propios policías, como fue el caso de Edelmiro Cavazos Leal, munícipe de Santiago, Nuevo León.
De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Municipios de México, el año más violento para los alcaldes mexicanos fue 2010, en el que se registraron 14 asesinatos en 9 entidades del país.
Los estados en los que ha habido un mayor número de ediles asesinados son Durango, Oaxaca y Michoacán, en donde se cuentan cuatro alcaldes abatidos por cada uno, le sigue Chihuahua con tres. Guerrero, Nuevo León y el Estado de México reportan dos ediles asesinados en cada una de estas entidades; mientras que en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila, Morelos y Zacatecas se tiene registro de un presidente municipal ultimado por cada estado.
Todos estos casos ponen en evidencia la vulnerabilidad que los municipios y sus autoridades tienen frente al abrumador poderío criminal. En muchos casos los alcaldes enfrentan amenazas del crimen organizado a lo cual se suma la poca claridad en la aplicación de recursos en materia de seguridad pública, lo que abona a la estrategia de miedo que utilizan las bandas criminales para amagar a la sociedad.
La reforma Constitucional de 1994 que permitía la coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública desde hace mucho quedó rebasada por la nueva realidad que enfrenta el país derivada del poderío y presencia del crimen organizado, lo que hace indispensable profundizar los trabajos y discusión de la necesidad de que haya un mando único policíaco.
Los ayuntamientos no tienen la fuerza suficiente para combatir al crimen organizado, es cierto, pero también lo es que algunos gobiernos estatales no están haciendo su mejor esfuerzo para ejercer las atribuciones que, en materia de seguridad, les están conferidas.
Hoy, el asesinato de Ricardo Guzmán Romero hace necesario repensar y fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente efectivo al crimen, pero más aún hace indispensable el acuerdo efectivo de las fuerzas políticas para abordar la corresponsabilidad de una manera inteligente, eficaz y con visión de futuro.
Faltan las palabras para expresar a cabalidad la tristeza que significa la pérdida de un hombre bueno y un panista ejemplar, destacado por su trabajo responsable en pro del bienestar y desarrollo de las personas. Faltan también las palabras para calificar a los criminales que orquestaron y ejecutaron este crimen tan cobarde.
Ricardo Guzmán Romero era un panista sobresaliente, miembro activo de Acción Nacional desde 1992, gobernó con gran acierto y eficiencia el municipio de La Piedad desde el 1 de enero de 2008. A sus 45 años, se desempeñaba también como Coordinador de los Alcaldes Panistas de Michoacán, en donde se destacó siempre por su entrega, responsabilidad y calidez humana. Era reconocido como un demócrata valiente que defendió con energía los valores que sustentan al PAN.
En honor a su memoria y a la de las personas de bien que han caído frente a la tremenda escalada del crimen organizado; más allá de la enérgica condena a la cobardía de quienes pretenden sembrar el miedo y generar un ambiente de terror y caos, es indispensable impulsar acciones contundentes para promover la unificación de criterios en la lucha contra el crimen organizado en los tres niveles de gobierno.
Es necesario que avancemos en la consolidación de un mando único policíaco y, en suma, que redoblemos los esfuerzos que garanticen que los mexicanos trabajadores y honestos, que somos la mayoría, ganemos la lucha a los criminales, que ganemos la lucha al miedo que mueve y alimenta a las bandas organizadas.
Ricardo Guzmán se suma a la lista de personas que han sido abatidas por la delincuencia y en su asesinato resalta el hecho de que no se trata de la lucha de un partido político en particular, ni de la de un gobierno específico, estamos frente a la amenaza sin precedentes de la tremenda escalada del crimen organizado que pretende poner en jaque a las instituciones y a todo lo que consideramos valioso.
Después del asesinato de Juan Marcelo Ibarra Villa, alcalde de Villa Madero, Michoacán, con éste suman un total de veintisiete ediles que han sido atacados por criminales en circunstancias similares en 13 estados de la República Mexicana. Han sido secuestrados, emboscados o ultimados por sus propios policías, como fue el caso de Edelmiro Cavazos Leal, munícipe de Santiago, Nuevo León.
De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Municipios de México, el año más violento para los alcaldes mexicanos fue 2010, en el que se registraron 14 asesinatos en 9 entidades del país.
Los estados en los que ha habido un mayor número de ediles asesinados son Durango, Oaxaca y Michoacán, en donde se cuentan cuatro alcaldes abatidos por cada uno, le sigue Chihuahua con tres. Guerrero, Nuevo León y el Estado de México reportan dos ediles asesinados en cada una de estas entidades; mientras que en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila, Morelos y Zacatecas se tiene registro de un presidente municipal ultimado por cada estado.
Todos estos casos ponen en evidencia la vulnerabilidad que los municipios y sus autoridades tienen frente al abrumador poderío criminal. En muchos casos los alcaldes enfrentan amenazas del crimen organizado a lo cual se suma la poca claridad en la aplicación de recursos en materia de seguridad pública, lo que abona a la estrategia de miedo que utilizan las bandas criminales para amagar a la sociedad.
La reforma Constitucional de 1994 que permitía la coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública desde hace mucho quedó rebasada por la nueva realidad que enfrenta el país derivada del poderío y presencia del crimen organizado, lo que hace indispensable profundizar los trabajos y discusión de la necesidad de que haya un mando único policíaco.
Los ayuntamientos no tienen la fuerza suficiente para combatir al crimen organizado, es cierto, pero también lo es que algunos gobiernos estatales no están haciendo su mejor esfuerzo para ejercer las atribuciones que, en materia de seguridad, les están conferidas.
Hoy, el asesinato de Ricardo Guzmán Romero hace necesario repensar y fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente efectivo al crimen, pero más aún hace indispensable el acuerdo efectivo de las fuerzas políticas para abordar la corresponsabilidad de una manera inteligente, eficaz y con visión de futuro.
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