Amigos:
Por este medio, quiero comentarles que en la sesión del 1
de marzo, con el propósito de combatir los secuestros, extorsiones o amenazas,
aprobamos reformas para que los celulares utilizados para cometer dichos
ilícitos sean localizados en tiempo real, además de inhibir el uso de estos equipos
en los centros penitenciarios.
El dictamen señala que se impondrá de uno a 5 años de prisión y de mil a
10 mil días de multa, a la autoridad que utilice los datos e información
relacionados para fines distintos y de 250 a 2 mil 500 días de multa a
permisionarios y concesionarios que se rehúsen a colaborar con la autoridad en
las investigaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, dijo
desde tribuna que se trata de inhibir el uso de teléfonos celulares desde el
interior de los 429 centros penitenciarios que hay en el país. Señaló que cada
día se realizan 6 mil llamadas de extorsión desde el interior de los
reclusorios aun cuando su uso está prohibido por el grado de corrupción al
interior.
Desde la tribuna, el diputado Benítez Treviño, respondió a las declaraciones
del empresario Alejandro Martí, quien acusó la lentitud de la Cámara de
Diputados para aprobar este dictamen, dijo que “este asunto no tiene un año, y
tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo turnó a las Comisiones de
Justica, Comunicaciones y Seguridad Publica”.
Avalamos establecer mecanismos legales que obliguen a los concesionarios
o permisionarios del servicio de telecomunicaciones realizar el bloqueo de los
teléfonos celulares reportados como robados o extraviados a fin de evitar que
sean utilizados para ilícitos.
El dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal
Federal, así como de las Leyes Federal de Telecomunicaciones, la que establece
las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece derogar el Registro Nacional
de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Se determina que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar
que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que
al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio;
a su vez los centros penitenciarios deberán bloquear o anular las señales de
telefonía móvil o radiocomunicación dentro del perímetro de aquellos.
El documento, remitido al Ejecutivo para su publicación, precisa que las
señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de
atención de emergencias a fin de garantizar la intervención oportuna de las
autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios.
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