Aprobamos, por unanimidad de 369 votos, la Ley General de Víctimas

Amigos y amigas:

Quiero informarles, con gran satisfacción, que en la última sesión del periodo ordinario de la LXI Legislatura, aprobamos por unanimidad de 369 votos, el dictamen que expide la Ley General de Víctimas y establece la reparación del daño por parte del Estado a todas las personas que han sido agraviadas por la comisión de un delito o que han sido conculcadas en sus derechos fundamentales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, subrayó que la reforma representa un reclamo del pueblo mexicano en materia de atención a las víctimas, del delito de secuestro, desaparición forzada y privación de la vida.

Indicó que la Ley es reglamentaria de los artículos primero, 17 y del apartado C del artículo 20 constitucionales. Consta de 189 artículos y 16 transitorios, y su objetivo, dijo, es crear un sistema integral de atención a la víctimas, donde se crucen “el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación integral y las garantías de no repetición por parte del Estado”.

Precisó que se establece un Registro Nacional de Víctimas, con el fin de conocer el universo de afectados, cuyo cálculo en 2011, ascendió a 70 mil personas afectadas en el combate al crimen organizado.

Benítez Treviño indicó que también se crea un fondo de reparación para las víctimas que se constituye de manera inicial por 270 millones de pesos provenientes de partidas presupuestales.

Comentó que el fondo se enriquecerá con los bienes decomisados al crimen organizado producto de la Ley de Extinción de Dominio aprobada el año anterior, así como con las fianzas efectivas y donaciones en la materia.

El dictamen avala la creación de la Comisión Ejecutiva de la Vigilancia y Protección de las víctimas, institución autónoma de gestión que se compondrá de 5 consejeros que serán electos por el Senado a propuesta del Ejecutivo federal.

Establece la distribución de competencias a la Federación, a los estados, al Distrito Federal y municipios, definiendo las responsabilidades de todas las dependencias e instancias de los tres poderes que participan, de conformidad con sus propias atribuciones, en la aplicación de los componentes de la ley.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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