Amigos:
Con la satisfacción del deber cumplido, quiero comentarles que el pasado 13 de diciembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobamos un dictamen por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas, con el objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil.
El dictamen aprobado por 343 votos a favor, dos en contra y una abstención, busca que la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la Administración Pública Federal (APF), con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.
Los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con su participación conjunta, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, según las necesidades de cada proyecto.
La nueva ley propiciaría también mayor seguridad y certeza jurídicas tanto para los particulares interesados, como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos.La norma establece que en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, se deberán prever los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada para que, en su caso, sean aprobados por la Cámara de Diputados.
La Secretaría de la Función Pública vigilará los procesos de contratación; la Auditoría Superior de la Federación ejercerá sus atribuciones y de fiscalización en los términos que las disposiciones constitucionales y legales lo señalan.
El dictamen también reforma diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación; General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se envió al Senado para los efectos constitucionales.
Al fundamentarse el dictamen se destacó que este marco legal generará la infraestructura que el país requiere y al mismo tiempo los servicios que en un momento dado demanda la sociedad.
Se abundó que el dictamen da pauta para que la asociación estratégica entre los sectores público y privado impulsen la modernidad del país al poner a disposición de la sociedad más de 30 mil millones de dólares, que potencialmente pueden disparar el proceso de crecimiento de infraestructura en México.
Se subrayó que se introduce certidumbre jurídica, lo cual permite ampliar el número de oferentes en el sector privado que pueden participar con certeza en los proyectos, y establece que la Cámara de Diputados tenga la atribución para autorizar los proyectos y ninguno podrá iniciar sin esta aprobación.
Mi compañero, el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez puntualizó que el dictamen promueve la inversión e infraestructura, lo que contribuirá a que la economía mexicana tenga, el próximo año, mejores resultados y un instrumento para enfrentar mejor la amenaza de menor actividad económica.
“Marca un paso adelante en las relaciones económicas entre el sector público y el sector privado al fijar reglas que no existían para estos sectores y se puedan asociar en obras de infraestructura”, agregó. El dictamen se envió al Senado quien de inmediato lo aprobó y ayer el presidente Felipe Calderón promulgó el decreto que entra en vigor hoy, 16 de enero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario