Amigos:De lo destacado que aprobamos en el pasado periodo ordinario de sesiones, quiero poner de relieve el dictamen para incluir en el rango de delito grave el robo de autotransporte federal, considerarlo como cometido por la delincuencia organizada y que a las autoridades federales corresponda su combate.
En el documento se establece una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías, y de 2 a 7 años si se trata únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.
Con las reformas a los Códigos Penal Federal y al Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobados por 358 votos a favor, 3 en contra y 0 abstención, se precisa que la tipificación es importante, dada la gran movilización en carreteras federales de mercancías de toda índole y con un gran valor.
El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, expresó que se trata de contrarrestar un ilícito que viene al alza en el país, como lo es el robo al autotransporte federal de carga, de pasajeros, turismo y el privado.
Indicó que se toca un tema alarmante, pues cada día hay más presencia de delincuencia organizada en la comisión de este ilícito. “No estamos creando un nuevo tipo delictivo -ya existe y se sanciona-, se plantea que sea considerado como delito grave y, en su caso, que se aplique la Ley Federal de Delincuencia Organizada”.
Refirió que en un año se han duplicado los ilícitos en esta materia tanto en robo de carga, autotransporte federal de pasajeros, de turismo y autotransporte privado, por lo que con las reformas se da respuesta a uno de los graves problemas que enfrenta el país y se enfrenta un delito que amenaza con ser el segundo, después del narcotráfico.
Por el PAN, mi compañero, el diputado Camilo Ramírez Puente expresó que la reforma no sólo atiende el problema del secuestro de unidades, el robo, el ataque a la integridad de los conductores, sino que viene a constituir un problema económico muy fuerte que se vive al momento de que se limita el transporte de carga por las carreteras del país.
Validado en lo general y particular se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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