Avalamos reformas para proteger seguridad jurídica a usuarios de tiempos compartidos

Amigos:

Quiero comentarles que en la sesión del 29 de septiembre, aprobamos un dictamen para proteger y garantizar la seguridad jurídica de los consumidores de servicios turísticos de tiempo compartido y generar una competencia transparente y equitativa en ese sector.

Con reformas al artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se busca que quienes comercialicen tiempos compartidos deberán hacer que el inmueble en el que las empresas ofrecen estos servicios cubran sus expectativas de seguridad jurídica, calidad, precio y satisfacción con los inmuebles.

En el documento aprobado por la unanimidad de 359 votos a favor, se precisa que en lo relativo a los servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana, únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan, presten o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio en México, de conformidad con las leyes aplicables.

A nombre de la Comisión de Economía, instancia dictaminadora, la diputada Susana Hurtado Vallejo, destacó que una de las actividades primordiales del turismo del país son los tiempos compartidos, que consisten en la venta de hospedajes a mediano y largo plazos.

En tanto, mi compañero, el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, del grupo parlamentario del PAN, resaltó que el dictamen busca regular la venta de los servicios de tiempo compartido, ya que se estima que de 2001 a 2009 se realizaron ventas por un millón 434 mil 954 intervalos vacacionales de tiempo compartido, representando más de 24 millones de dólares estas ventas.

Puntualizó que México ocupa el segundo lugar en desarrollo y comercialización en proyectos de este tipo, y que ya algunos estados como Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur tienen en su legislación normas al respecto. “Su aprobación es para dar mayor certeza jurídica y seguridad a las familias y personas que compran un servicio de tal índole”.

Aprobado en lo general y particular se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Respaldamos en el Pleno incrementar sanciones por publicidad engañosa

Amigos:

En nuestra sesión del pasado 6 de octubre, avalamos reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para incrementar las sanciones a quienes difundan publicidad engañosa o abusiva de bienes, productos o servicios.

En el dictamen se precisa que las multas irán de 596 pesos a 2 millones 333 mil 490 pesos, y cuando sean particularmente graves de 119 mil 326 pesos a 3 millones 341 mil 134 pesos.

Asimismo, cuando sean particularmente graves, serán sancionadas con multa de hasta un 10 por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del producto; o con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días.

Se consideran casos graves cuando se pone en peligro la vida, salud o seguridad, como lo establece la ley; además, cuando la información del producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente.

El dictamen se devolvió al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Aprobamos cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Amigos y amigas:

El pasado 6 de abril, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, aprobamos reformas al segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de dejar a salvo los derechos de las partes en el procedimiento conciliatorio, independientemente de que la Procuraduría dé inicio al procedimiento de infracciones a la ley.

En la tribuna se destacó que el dictamen busca que cuando en un proceso conciliatorio de la Profeco no se llegue a un acuerdo y deciden no someterse a arbitraje, la Procuraduría dé inicio de inmediato al procedimiento de infracciones a la ley.

Se precisó que el problema actual es que cuando las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio y deciden no someterse a arbitraje, la Profeco no se pronuncia respecto de si existieron o no violaciones a la Ley.

El documento se envió al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.