Amigos:
Quiero informarles que en la penúltima sesión ordinaria de sesiones, aprobamos reformas a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para capacitar al personal de los reclusorios a basar su actuación en el respeto de los derechos humanos.
El documento, aprobado con 303 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, señala que el objetivo es homologar esta Ley con las reformas realizadas a la Constitución Política, reconociendo el respeto a los derechos humanos con el cual se deberán conducir los elementos y autoridades penitenciarias.
Se establece la obligación de las autoridades de las cárceles de atender y dar curso a las quejas interpuestas por los internos, en materia de derechos humanos. La omisión o negativa será motivo de responsabilidad penal y administrativa.
Mi compañero, el diputado Gustavo Ortega Joaquín mencionó que existen reclusos que son víctimas de violencia, hacinamiento, corrupción, abuso de poder, pago de cuotas y violación de sus derechos humanos.
Agregó que tampoco se les brindan opciones de trabajo ni de actividades educativas o deportivas y con ello “es difícil la reinserción social de los internos; al contrario, obstaculiza el desarrollo de quienes sufren ese tipo de maltrato”.
Enfatizó que con la reforma, los elementos y autoridades deberán conducir el sistema de reinserción social con respeto a los derechos humanos.
