El presidente Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas para la creación y el fortalecimiento de normas legales en materia penal, establecimiento de sanciones e impartición de justicia, para contribuir a combatir la impunidad.
El mandatario anunció que las iniciativas, remitidas en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, permitirán al Estado mexicano contar con más y mejores instrumentos jurídicos para abatir el crimen organizado con mayor eficacia y con estricto apego a la ley.
El Ejecutivo federal convocó asimismo al Poder Legislativo a discutir, analizar y enriquecer sus propuestas, a fin de fortalecer las instituciones en materia de seguridad y elevar la seguridad pública para todos los mexicanos.
Subrayó que trabajando juntos, los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, con la activa participación de la sociedad organizada, México es más fuerte y saldrá adelante en la construcción de un país más seguro y más justo.
El presidente Calderón remitió al Senado la iniciativa de reforma contra las cadenas delictivas y responsabilidad penal de las personas jurídicas, informó la Presidencia de la República.
Explicó que la sanción se aplicará inclusive contra quienes no sean directamente los que cometen los delitos o formalmente sean parte de las estructuras de los grupos criminales, pero que se acredite su vinculación a partir de haber facilitado la realización de ilícitos cometidos por la asociación delictiva.
La iniciativa plantea nuevos tipos penales, bajo figuras como “facilitación delictiva”, a través de la cual se castigarían las actividades de los comúnmente llamados “halcones”.
De igual manera, propone la responsabilidad penal para las personas que faciliten, asesoren o brinden información o cooperación de cualquier especie que resulte idónea a otra persona para que pueda cometer o resuelva cometer un delito.
En tanto, el mandatario envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones.
Dicha propuesta reforma también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tiene como propósito central establecer las bases legales del Sistema Penitenciario Federal, la administración de la prisión preventiva y punitiva, así como las medidas de vigilancia especial.
La iniciativa prevé la infraestructura y tecnología en centros penitenciarios acorde a su nivel de seguridad, establece obligaciones y derechos de los sentenciados.
Adicionalmente, considera un nuevo sistema de reinserción que aplicaría procedimientos de evaluación inicial, clasificación, atención técnica interdisciplinaria, seguimiento y reclasificación, programas de preliberación y reincorporación, y un procedimiento de libertad vigilada.
También establece el Desarrollo Profesional Penitenciario, que regiría la carrera penitenciaria, y crea una plataforma tecnológica de información y seguridad, entre algunas otras características.
