Amigos:
Quiero informarles que en la sesión del 19 de abril, aprobamos con 318 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Protección Civil, que busca la prevención, control y ágil aplicación de recursos de los tres niveles de gobierno de manera coordinada.
De esta forma la nueva Ley General de Protección Civil pretende que la gestión integral de riesgos se introduzca en los procesos de planeación, programación de manera transversal y no sólo al interior de la Administración Pública Federal sino de las entidades federativas y municipios.
La ley señala que una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así las entidades tendrán acceso a los recursos en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir del día en que se publique en el DOF. Además, el Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas del país con riesgo.
El dictamen enviado al Ejecutivo considera como delito grave la, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos o que no cuenten con la autorización correspondiente.
El presidente de la Comisión de Gobernación, mi compañero, Agustín Castilla Marroquín, dijo que con esta reforma se busca prevenir y afrontar las consecuencias de los fenómenos naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves o cualquier otro fenómeno.
Al fundamentar el dictamen el diputado federal señaló que los desastres naturales en México desde el año 1980 a 1999 han ocasionado pérdidas por 10 mil 400 millones de dólares representado el 1.82 por ciento del total del Producto Interno Bruto en el año 2000. Castilla Marroquín resaltó la necesidad de contar con un marco legal que responda al impacto de desastres, ya que México es un país sometido a desastres naturales por lo que la prevención y atención de emergencias requieren de una distribución ágil, eficaz y transparente de los recursos que son asignados para los programas preventivos y para la atención de la población en desgracia.
El legislador del PAN, indicó que durante los últimos 25 años ha servido para detectar los problemas más urgentes, como la carencia de información oportuna, la difusión sobre riesgos, y el fomento de una cultura de la prevención entre la población vulnerable a desastres naturales. Ver nota de televisión.
