Amigos y amigas:
El pasado 13 de abril el Pleno Camaral avaló con la unanimidad de 284 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, para que el tráfico de personas sea perseguido de oficio y obligar a la autoridad migratoria a proporcionar al Ministerio Público Federal los elementos de convicción necesarios para su persecución.
Se aumentan de 8 a 16 años de prisión el castigo para quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.
El dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, fija una multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo a quien cometa dicho ilícito. Destaca que las penalidades aumentarán hasta en una mitad, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o cuando sean sometidos a tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales; o bien, cuando el autor del delito sea servidor público.
El documento subraya la necesidad de garantizar el mínimo de protección de los derechos humanos a los migrantes que la Carta Magna ofrece, toda vez “que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten sus derechos a nuestros connacionales.
Se canalizó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El pasado 13 de abril el Pleno Camaral avaló con la unanimidad de 284 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, para que el tráfico de personas sea perseguido de oficio y obligar a la autoridad migratoria a proporcionar al Ministerio Público Federal los elementos de convicción necesarios para su persecución.
Se aumentan de 8 a 16 años de prisión el castigo para quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.
El dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, fija una multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo a quien cometa dicho ilícito. Destaca que las penalidades aumentarán hasta en una mitad, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o cuando sean sometidos a tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales; o bien, cuando el autor del delito sea servidor público.
El documento subraya la necesidad de garantizar el mínimo de protección de los derechos humanos a los migrantes que la Carta Magna ofrece, toda vez “que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten sus derechos a nuestros connacionales.
Se canalizó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
