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La semana pasada con todo lo que pasó en la Comisión de Puntos Cosntitucionales y las tácticas dilatorias de mis compañeros del PRI, y la conferencia de prensa, se me había pasado comentarles que en días recientes, el presidente Felipe Calderón firmó el decreto de promulgación de la reforma constitucional en materia de amparo, la cual calificó como el más importante y poderoso cambio legal en décadas en México, para una mayor ampliación de derechos de las personas, evita la impunidad y rompe con viejos principios que impedían una eficaz aplicación de la justicia.
En la escalinata de la casa “Miguel Alemán” de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón llamó a estar atentos de los riesgos que pudiera entrañar la reforma, y que no hayan sido vistos por el Poder Legislativo.
“Debemos tener la misma atención, voluntad y disposición para ver cuál es el éxito que, seguramente, tendrá la aplicación de esta reforma; pero también atentos y cautelosos de las posibles deficiencias no previstas por el legislador, ni por ninguno de quienes participaron en este proceso, y que deban ser corregidas”, alertó el Presidente.
“Toda ley es perfectible y pienso también que toda reforma, una reforma tan audaz, tan profunda, como la que hoy se promulga, tiene riesgos. Pero también que cuando se trata de ampliar los derechos de los ciudadanos, esos riesgos deben de correrse”, aseguró.
Al acto asistieron los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, y del Senado, Manlio Fabio Beltrones, así como legisladores de PAN, PRI y PRD, juristas y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Cambios novedosos
La reforma a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución entrará en vigor 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual sucederá a la brevedad, para que los estados ajusten sus legislaciones y el Poder Judicial adecúe su estructura.
Un aspecto novedoso del ajuste constitucional es que cierra la puerta al abuso en la suspensión del acto reclamado, para que no haya quien se escude en el amparo con el objetivo de evadir la justicia o entorpecer la acción de la autoridad. “De esta forma podrán otorgarse o negarse suspensiones cuando se considere que el instrumento, por ejemplo, es utilizado por infractores de la ley, para evadir a la ley misma”, explicó el titular del Ejecutivo. Protege derechos humanos de segunda y tercera generación contenidos en tratados internacionales; es decir, se podrá invocar la protección de cualquiera de esos derechos contenidos en los tratados que ha firmado México.
También se faculta a la Corte para hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de leyes y de normas. Es decir, cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la Corte podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectivo.
El presidente Felipe Calderón recordó además que con la reforma, se incorpora a la Constitución la figura de amparo por omisión de la autoridad, lo cual significa que un ciudadano se podrá amparar también cuando la violación sea producto de una omisión o una falta de acción, llamada afectación “pasiva”, de tal forma que se cierra la puerta a la impunidad cuando las autoridades no cumplen cabalmente con su responsabilidad.
“Esta reforma es la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos que se haya hecho en varias décadas en el país”, dijo el mandatario tras reconocer que con el esfuerzo de juristas, académicos, legisladores y miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial se logró una propuesta de “gran calado”.
Veamos una nota de televisión.
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