Amigos:
Es importante comunicarles que en la sesión del pasado 14 de septiembre, aprobamos el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que establece medidas precautorias para evitar tragedias en los sistemas de cuidado infantil, independientemente de la denominación que adopten.
En el documento que avalamos 372 diputados, se establecen los requisitos para la constitución y funcionamiento de los establecimientos de cuidado infantil y crea el Sistema Nacional de Prestación de Servicios de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Se refiere que en los últimos 20 años ha habido un incremento sustancial en el número de establecimientos dedicados al cuidado infantil, y que no existe a la fecha un padrón confiable a nivel nacional que señale cuántos operan en el país.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que de 1991 a septiembre de 2010 las guarderías y estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se han incrementado en más de un 400 por ciento.
Por ello, la importancia de crear un registro único y confiable sobre el número de establecimientos, la cantidad de niños que atienden y la autoridad responsable que otorgó el permiso o licencia de funcionamiento.
Con la ley se establecen claramente los parámetros que deben considerar los diferentes tipos de establecimientos dedicados a brindar servicios de cuidado infantil, que distribuya las competencias en los diferentes órdenes de gobierno, que defina con claridad las medidas mínimas de seguridad a considerar en los establecimientos dedicados a prestar el servicio de cuidado infantil.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mi compañera de bancada, la diputada Yolanda De la Torre Valdez, dijo que los infortunios acontecidos el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, marcaron a la sociedad mexicana y señalaron un camino que por ningún motivo el Estado mexicano puede permitir que se repita.
Es innegable, destacó, que el Estado asuma la responsabilidad más amplia en cuidar las condiciones y términos en que los centros de atención deben de operar, por lo que el esquema que se propone en la ley implica una reorganización radical en las condiciones del servicio que hasta ahora se prestaba.
Dicho servicio, refirió, deberá operar bajo la supervisión y vigilancia de las autoridades gubernamentales en los tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios. El servicio no deberá limitarse a las actividades de guardia y cuidado, sino que tendrá que atender las necesidades de salud, alimentación, desarrollo motriz y cognitivo.
Aprobado en lo general y particular el documento, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
A continuación veamos la siguiente nota de televisión.
