Aprobamos reformas de ley para otorgar un seguro de vida a pescadores ribereños

Amigos:

Quiero comentarles que en la sesión del 13 de diciembre, aprobamos reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establezca un programa que dé un seguro de vida para los pescadores y beneficios a sus familias.

La reforma al artículo 24, aprobada con 251 votos en pro, uno en contra y una abstención, precisa que se otorgará una indemnización para gastos funerarios equivalente a 85 veces el salario mínimo; apoyo económico durante seis meses y despensa básica, que garantice la alimentación digna de la esposa o concubina y de los hijos del pescador fallecido durante sus labores que habitaran en su mismo domicilio.

Menciona que de acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, de enero de 2006 a diciembre de 2010 se reportaron mil 105 personas desaparecidas y 933 rescatados que laboraban en la pesca ribereña y de altura.

El presidente Felipe Calderón firmó el decreto que modifica la Ley del Infonavit

Aprobamos la Ley de Asociaciones Público-Privadas; el Presidente Felipe Calderón firma el decreto, hoy entra en vigor

Amigos:

Con la satisfacción del deber cumplido, quiero comentarles que el pasado 13 de diciembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobamos un dictamen por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas, con el objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil.

El dictamen aprobado por 343 votos a favor, dos en contra y una abstención, busca que la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la Administración Pública Federal (APF), con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.

Los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con su participación conjunta, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, según las necesidades de cada proyecto.

La nueva ley propiciaría también mayor seguridad y certeza jurídicas tanto para los particulares interesados, como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos.La norma establece que en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, se deberán prever los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada para que, en su caso, sean aprobados por la Cámara de Diputados.

La Secretaría de la Función Pública vigilará los procesos de contratación; la Auditoría Superior de la Federación ejercerá sus atribuciones y de fiscalización en los términos que las disposiciones constitucionales y legales lo señalan.

El dictamen también reforma diversas disposiciones de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Expropiación; General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se envió al Senado para los efectos constitucionales.

Al fundamentarse el dictamen se destacó que este marco legal generará la infraestructura que el país requiere y al mismo tiempo los servicios que en un momento dado demanda la sociedad.

Se abundó que el dictamen da pauta para que la asociación estratégica entre los sectores público y privado impulsen la modernidad del país al poner a disposición de la sociedad más de 30 mil millones de dólares, que potencialmente pueden disparar el proceso de crecimiento de infraestructura en México.

Se subrayó que se introduce certidumbre jurídica, lo cual permite ampliar el número de oferentes en el sector privado que pueden participar con certeza en los proyectos, y establece que la Cámara de Diputados tenga la atribución para autorizar los proyectos y ninguno podrá iniciar sin esta aprobación.

Mi compañero, el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez puntualizó que el dictamen promueve la inversión e infraestructura, lo que contribuirá a que la economía mexicana tenga, el próximo año, mejores resultados y un instrumento para enfrentar mejor la amenaza de menor actividad económica.

“Marca un paso adelante en las relaciones económicas entre el sector público y el sector privado al fijar reglas que no existían para estos sectores y se puedan asociar en obras de infraestructura”, agregó. El dictamen se envió al Senado quien de inmediato lo aprobó y ayer el presidente Felipe Calderón promulgó el decreto que entra en vigor hoy, 16 de enero.

Avalamos que vehículos blindados tengan un número de identificación para evitar su uso con fines delictivos

Amigos:

A fin de que las empresas dedicadas al blindaje de vehículos tengan la obligación de asignar a éstos un número de identificación para contar de una base de datos que permita evitar su uso con fines delictivos, en la sesión ordinaria del pasado 24 de noviembre, avalamos reformar el artículo 13 de la Ley del Registro Público Vehicular.

El dictamen refiere que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), el 80 por ciento de los autos blindados es comprado para protegerse de la delincuencia, mientras que 20 por ciento de este mercado es adquirido por las autoridades gubernamentales para protegerse de potenciales atentados de la delincuencia organizada.

Precisa que AMBA cubre 60 por ciento del mercado, pero al menos otras 70 empresas operan en México, 20 por ciento de ellas en forma irregular, nutriendo de unidades a un sector que se pierde del control de la autoridad.

Ante ello, resalta la necesidad de contar con un registro nacional de autos blindados a fin de cumplir con requisitos para comprarlos. Considera clave crear y actualizar una base de datos sobre los vehículos blindados que existen en el país, con la intención de evitar el anonimato en la utilización de los mismos y su uso con fines delictivos.

Mi compañero, el diputado Sergio González Hernández dijo que a raíz del aumento del clima de inseguridad, uno de los sectores más recurridos es el blindaje de vehículos, ya que permite contar con un porcentaje más alto de seguridad.

Sin embargo, añadió, este sector también ha sido recurrido por los autores de las conductas delictivas que dañan a la sociedad, ya que utilizan vehículos blindados para perpetrar robos, secuestros o darse a la fuga.

Consideró que con la reforma se podrá contar con una base de datos en la cual, además de tener una plena certeza sobre la propiedad del automóvil, contribuirá a evitar la impunidad de actos cometidos por la delincuencia.

La reforma fue enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Reformamos la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable para desglosar programas sociales

Amigos:

Quiero comentarles que, con el objeto de transparentar los recursos que se destinan a los estados en política social y evitar la duplicidad de programas sociales, aprobamos reformar la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable para desglosar dichos montos.

Se destacó en tribuna que la asignación de recursos para programas sociales deberán ser desglosadas por el gobierno federal al elaborar las reglas de operación de los mismos.

Precisó que actualmente los montos asignados sólo reflejan la cantidad global y no desagregada. Esto sin duda aportará beneficios que fortalecerán la norma, aportará mayor certidumbre jurídica y ampliará la rendición de cuentas que debe existir en el ejercicio de los recursos públicos. El desglose ayudará a analizar y evaluar la política social para brindar certidumbre en la distribución de recursos.

Además permitirá mejorar la planeación de los gobiernos estatales al conocer de manera desagregada los montos y números de programas federales a desarrollarse y evitar la duplicidad de los programas y dispersión de recursos.

El dictamen enviado al Senado de la República establece que “el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes desglosadas por entidad federativa y por programa social”.

“Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales”.

Aprobamos sancionar con tres a 12 años de cárcel a quien cometa el delito de despojo

Amigos:

Por este medio quiero comentarles que, en la sesión del 24 de noviembre en la Cámara de Diputados reformamos el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal, para sancionar con tres a 12 años de prisión a quien cometa el delito de despojo de propiedades o de aguas.

El dictamen modifica el artículo 395 del Código Penal Federal, ya que sin reformarlo el Código contemplaba una pena insuficiente de tres meses a cinco años de prisión y un multa de cincuenta a quinientos pesos a quien cometiera dicho delito.

Debido a que las anteriores sanciones eran insuficientes surgieron grupos que se organizaban para ejecutar estrategias que les permitieran a estos individuos despojar de su patrimonio a personas honestas, mismas que se veían obligadas a participar en un proceso civil o penal largo y complicado para poder recuperar su casa.

Por lo anterior, aprobamos el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal, el cual, aparte de incrementar los años de prisión, también establece una multa de 30 a 50 por ciento sobre el valor del inmueble o sobre el valor de la cantidad de agua que se haya despojado.

“El delito mencionado se ha venido incrementando en gran porcentaje en algunos estados de la República. Los propios medios de comunicación han dado a conocer testimonios de familias que han sido despojadas de sus casas de un día a otro”, indica el dictamen.

Aprobamos expedir Ley de Firma Electrónica Avanzada

Amigos:

Quiero informarles que en la sesión ordinaria del pasado 24 de noviembre, aprobamos la expedición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, para mejorar los trámites y servicios públicos entre instituciones y ciudadanos, y consecuentemente, inhibir la práctica de actos de corrupción.

En el dictamen a la minuta se busca asimismo reducir la discrecionalidad, incrementar la transparencia y hacer eficiente la gestión gubernamental, pues habrá un ahorro en materia de recursos humanos y financieros.

Se subraya que con la creación de la ley se tendrá un marco jurídico que regule la Firma Electrónica Avanzada, utilizada por los servidores públicos y particulares en los trámites, servicios y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República.

Al fundamentarse el dictamen en tribuna se destacó que la minuta permite contrarrestar problemas de lentitud y burocracia, ya que facilita la comunicación entre servidores públicos, así como la interacción entre el gobierno y la ciudadanía, al evitar traslados donde se encuentran las instituciones públicas.

Se mencionó que su expedición será trascendental en el avance de la simplificación administrativa y elevará el nivel de competitividad del país, pues sus disposiciones fomentarán la agilidad, seguridad, certeza jurídica y reducirán costos, tanto para la Administración Pública como para los particulares. Asimismo, se faculta al Ejecutivo a suscribir convenios de coordinación con el Poder Legislativo y el Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos municipales y las entidades federativas, para que puedan interactuar entre ellos utilizando certificados digitales.

Aprobado en lo general y particular el decreto que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Generación de energía eléctrica mediante fuentes limpias

Amigos:

En la sesión del 29 de noviembre, los diputados avalamos un dictamen para que se promueva e incentive la generación de energía eléctrica, mediante fuentes renovables, destinada al autoabastecimiento en inmuebles de la federación, estados, municipios y alumbrado público.

Con 293 votos a favor, 31 en contra y una abstención, aprobamos la adición de una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para que la Secretaría de Energía las promueva en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable.

En el documento se indica que el objetivo es que los estados y municipios tengan ahorros significativos en sus finanzas públicas al autoabastecerse con fuentes de energía más limpias y económicas que el fluido que compran a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Spot de Josefina Vázquez Mota. Seguridad

Aprobamos cero tolerancia al alcoholismo en el transporte público

Amigos:

Quiero comentarles que en la sesión del 8 de diciembre, aprobamos con 304 votos una reforma a la Ley General de Salud para dar un enfoque integral a la atención y prevención del uso nocivo del alcohol.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Salud, mi compañero Miguel Antonio Osuna Millán, detalló que en el país hay 2.5 millones de personas alcohólicas, por lo que el dictamen propone otorgar facultades a la Secretaría de Salud para determinar los niveles etílicos de alcoholismo y establecer cero tolerancia en los niveles de alcoholismo para quienes conduzcan en transporte público.

También otorga facultades para proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas y fiscales para disminuir el uso nocivo de alcohol, así como prohibir la venta de bebidas alcohólicas en carreteras, prohibir la venta a personas alcoholizadas; y otras medidas que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros.

Osuna Millán señaló que 2.5 millones de personas mueren por el uso nocivo del alcohol, además de 320 mil personas, de entre los 15 y 29 años. “El alcoholismo ocupa el tercer lugar entre factores de riesgo de la carga mundial en el mundo. El uso nocivo del alcohol es causa de 60 enfermedades, accidentes, delitos sexuales, ausentismo laboral y otros”.

“Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo”, señala el artículo 187 Bis 1 del dictamen".

Avalamos crear la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Amigas y amigos:

En la sesión de ayer, aprobamos la minuta que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual tiene como finalidad articular todos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública para reducir factores de riesgo.

Con 291 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, los legisladores aprobamos el marco jurídico que contiene 29 artículos. Destaca el concepto de la prevención social de la violencia y la delincuencia que se entiende como “el conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones.”

El documento establece que los principales objetivos de la nueva ley son: coadyuvar en la formación de ciudadanos preocupados por la preservación de la armonía y promotores del bien común; disminuir los niveles delictivos en los medios rural y urbano; promover la participación ciudadana; y establecer la coordinación en materia de prevención del delito en los tres órdenes de gobierno.

Para lograr dichos fines establece que se deberá “articular un esquema institucional para los gobiernos de la Federación, los estados, municipios el Distrito Federal y permita la coordinación de programas para combatir las causas y factores del delito”.

La Ley señala que la prevención de la violencia y la delincuencia se debe darse en el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial, por lo que se deberán establecer programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación”.

Reformamos la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Amigos:

En la Cámara de Diputados aprobamos, el pasado periodo ordinario de sesiones, reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de promover la diversificación de soluciones para el manejo integral de los mismos, especialmente en los municipios con rezago en la materia.

El dictamen que presentó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece adicionar la fracción XIII al artículo 96 de dicha Ley , con el propósito de promover la atracción de inversiones para infraestructura y equipo para fomentar el reciclado y otras formas para reducir la cantidad de estos residuos.

El documento manifiesta que una de de las prácticas agresivas del hombre a su entorno natural, es el incremento en la generación de residuos en nuestro país y los impactos ambientales que produce.

Por ello, es indispensable que los estados y municipios establezcan medidas que promuevan la reducción de residuos, toda vez que es más evidente el alto porcentaje de los residuos depositados en sitios no controlados, que producen daños a la salud y al ambiente.