miércoles, 31 de agosto de 2011
martes, 30 de agosto de 2011
Mensaje del Presidente Felipe Calderón sobre salud
Amigos:
Quiero comentarles que ayer por la noche se transmitió en cadena nacional el penúltimo spot del Gobierno Federal y quizá uno de los de mayor relevancia ya que en él destaca, el presidente Felipe Calderón, los logros en materia de salud.
lunes, 29 de agosto de 2011
Editorial de la Dip. Josefina Vázquez Mota titulado "Un régimen de leyes, compromiso del Congreso"
Poner en primer plano la legalización podría ser una forma de evadir la responsabilidad de fortalecerlas. Es menos difícil fortalecer las instituciones que tratar de legalizar las drogas, dice Josefina Vázquez Mota en su editorial.
Agosto 28, 2011
Los diputados de Acción Nacional hemos expresado nuestra más profunda indignación ante el cobarde y cruel atentado que se perpetró el 25 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Reiteramos el pesar y la mayor solidaridad a las familias de las víctimas inocentes. Compartimos su dolor y su coraje.
Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia para aplicarles todo el peso de la Ley. No puede haber tregua posible para enfrentar a estos asesinos, para ejercer con todo rigor y firmeza lo que la Ley manda, porque esa es la obligación del Estado. Es claro que ante el crimen organizado no puede haber ni negociación ni claudicación.
Las y los diputados de Acción Nacional nos comprometemos a realizar lo que dentro de nuestra responsabilidad contribuya a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Seguiremos vigilando que las autoridades cumplan sus compromisos para ofrecer seguridad y justicia a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Pediremos a la Auditoría Superior de la Federación que intensifique sus revisiones y genere más rápido sus recomendaciones para que los recursos que hemos aprobado en el presupuesto federal, para ser transferido a los gobiernos locales con el propósito de dar mayor seguridad a las personas, se aplique efectivamente en ese fin y se utilice eficientemente.
Hoy más que nunca están claras las consecuencias de no haber dictaminado y aprobado importantes leyes que son fundamentales para fortalecer la seguridad, la justicia y el combate a la delincuencia. La Ley de Robo de Combustibles, que debe frenar el avance del crimen organizado hacia nuevas áreas. La Ley de Ejecución de Sanciones, que permitirá asegurar que quiénes quebrantan la Ley cumplirán las condenas que correspondan. Y por supuesto, estamos comprometidos en construir una Ley de Víctimas de la Violencia, que incluya la creación de un fondo de asistencia económica que garantice el pago de la reparación del daño y el apoyo a familiares.
Debemos terminar de revisar los marcos legales para tener gobiernos locales fuertes. La seguridad tiene muchos componentes, pero comienza en cada cuadra, cada manzana y cada localidad. El gobierno local es la instancia fundamental de la seguridad y el punto de contacto más inmediato entre el ciudadano y el gobierno. La crisis de seguridad tiene mucho que ver con las policías débiles y corruptas.
Nuestra tarea desde el Congreso es ofrecer al Estado Mexicano las herramientas fundamentales para construir las instituciones que permitan a los mexicanos vivir en un régimen de leyes.
Aunque logramos la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Ley contra el Lavado de Dinero, que entre otros aspectos busca mejorar la información sobre flujos de dinero para identificar operaciones sospechosas o el origen de fortunas y hacer más rigurosas las sanciones, inexplicablemente se ha frenado su dictaminación en la Comisión de Justicia. No debe postergarse más la aprobación de esta Ley que sabemos es pieza básica para atacar de manera integral al crimen organizado, porque afecta las enormes rentas económicas producidas por las actividades ilícitas.
Y reconocemos el reclamo de la sociedad por tener una Ley de Seguridad Nacional, que con una visión humanística y de garantía estricta de respeto y defensa de los derechos humanos, ofrezca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las fuerzas federales, de certidumbre jurídica y atribuciones legales indispensables para enfrentar con eficacia al crimen organizado. Debemos acelerar el proceso, sin menoscabo de que todas las voces sean escuchadas con atención y cuidado.
Ante la violencia desplegada por el crimen organizado, se escuchan voces que sugieren legalizar el uso de las drogas. No podemos cerrarnos al análisis profesional, documentado y que aproveche experiencias internacionales. Este es un debate que debe darse con toda responsabilidad. Sólo debo señalar que las drogas y el crimen organizado desnudaron las debilidades institucionales, sobre todo localmente. Poner en primer plano la legalización podría ser una forma de evadir la responsabilidad de fortalecerlas. Es menos difícil fortalecer las instituciones que tratar de legalizar las drogas. Esta no puede ser vista como un tema unilateral, porque tiene una dimensión internacional que no puede ignorarse. Además, con toda seguridad se multiplicaría el problema de salud pública en el país por la expansión de las adicciones. Por eso debemos ser muy responsables al debatir este tema.
Todas las instituciones del Estado debemos luchar unidos con los ciudadanos contra la delincuencia. Este atentado impacta obviamente en el ánimo de la población. Genera tristeza, preocupación y enojo. Pero los mexicanos no nos rendimos y no aceptamos vivir con miedo, porque el miedo es opuesto a la libertad y la democracia.
Los regiomontanos no están solos. No es tiempo de claudicar. No aceptamos la impunidad, el abuso o la corrupción. No aceptamos la ilegalidad ni la desvergüenza. México está unido y comprometido en perseverar, en redoblar el esfuerzo hasta alcanzar la seguridad, la paz y la justicia.
Las autoridades tienen la responsabilidad de encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia para aplicarles todo el peso de la Ley. No puede haber tregua posible para enfrentar a estos asesinos, para ejercer con todo rigor y firmeza lo que la Ley manda, porque esa es la obligación del Estado. Es claro que ante el crimen organizado no puede haber ni negociación ni claudicación.
Las y los diputados de Acción Nacional nos comprometemos a realizar lo que dentro de nuestra responsabilidad contribuya a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Seguiremos vigilando que las autoridades cumplan sus compromisos para ofrecer seguridad y justicia a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Pediremos a la Auditoría Superior de la Federación que intensifique sus revisiones y genere más rápido sus recomendaciones para que los recursos que hemos aprobado en el presupuesto federal, para ser transferido a los gobiernos locales con el propósito de dar mayor seguridad a las personas, se aplique efectivamente en ese fin y se utilice eficientemente.
Hoy más que nunca están claras las consecuencias de no haber dictaminado y aprobado importantes leyes que son fundamentales para fortalecer la seguridad, la justicia y el combate a la delincuencia. La Ley de Robo de Combustibles, que debe frenar el avance del crimen organizado hacia nuevas áreas. La Ley de Ejecución de Sanciones, que permitirá asegurar que quiénes quebrantan la Ley cumplirán las condenas que correspondan. Y por supuesto, estamos comprometidos en construir una Ley de Víctimas de la Violencia, que incluya la creación de un fondo de asistencia económica que garantice el pago de la reparación del daño y el apoyo a familiares.
Debemos terminar de revisar los marcos legales para tener gobiernos locales fuertes. La seguridad tiene muchos componentes, pero comienza en cada cuadra, cada manzana y cada localidad. El gobierno local es la instancia fundamental de la seguridad y el punto de contacto más inmediato entre el ciudadano y el gobierno. La crisis de seguridad tiene mucho que ver con las policías débiles y corruptas.
Nuestra tarea desde el Congreso es ofrecer al Estado Mexicano las herramientas fundamentales para construir las instituciones que permitan a los mexicanos vivir en un régimen de leyes.
Aunque logramos la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Ley contra el Lavado de Dinero, que entre otros aspectos busca mejorar la información sobre flujos de dinero para identificar operaciones sospechosas o el origen de fortunas y hacer más rigurosas las sanciones, inexplicablemente se ha frenado su dictaminación en la Comisión de Justicia. No debe postergarse más la aprobación de esta Ley que sabemos es pieza básica para atacar de manera integral al crimen organizado, porque afecta las enormes rentas económicas producidas por las actividades ilícitas.
Y reconocemos el reclamo de la sociedad por tener una Ley de Seguridad Nacional, que con una visión humanística y de garantía estricta de respeto y defensa de los derechos humanos, ofrezca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las fuerzas federales, de certidumbre jurídica y atribuciones legales indispensables para enfrentar con eficacia al crimen organizado. Debemos acelerar el proceso, sin menoscabo de que todas las voces sean escuchadas con atención y cuidado.
Ante la violencia desplegada por el crimen organizado, se escuchan voces que sugieren legalizar el uso de las drogas. No podemos cerrarnos al análisis profesional, documentado y que aproveche experiencias internacionales. Este es un debate que debe darse con toda responsabilidad. Sólo debo señalar que las drogas y el crimen organizado desnudaron las debilidades institucionales, sobre todo localmente. Poner en primer plano la legalización podría ser una forma de evadir la responsabilidad de fortalecerlas. Es menos difícil fortalecer las instituciones que tratar de legalizar las drogas. Esta no puede ser vista como un tema unilateral, porque tiene una dimensión internacional que no puede ignorarse. Además, con toda seguridad se multiplicaría el problema de salud pública en el país por la expansión de las adicciones. Por eso debemos ser muy responsables al debatir este tema.
Todas las instituciones del Estado debemos luchar unidos con los ciudadanos contra la delincuencia. Este atentado impacta obviamente en el ánimo de la población. Genera tristeza, preocupación y enojo. Pero los mexicanos no nos rendimos y no aceptamos vivir con miedo, porque el miedo es opuesto a la libertad y la democracia.
Los regiomontanos no están solos. No es tiempo de claudicar. No aceptamos la impunidad, el abuso o la corrupción. No aceptamos la ilegalidad ni la desvergüenza. México está unido y comprometido en perseverar, en redoblar el esfuerzo hasta alcanzar la seguridad, la paz y la justicia.
viernes, 26 de agosto de 2011
Lamenta el PAN ataque en el casino de Nuevo León
El Partido Acción Nacional lamenta el ataque ocurrido en el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, y se solidariza con los familiares de las víctimas que fallecieron en este acto aberrante para la sociedad mexicana.
También condena enérgicamente estos hechos y exige que se lleve a cabo una investigación a fondo para castigar a los responsables que provocaron esta tragedia.
Acción Nacional reitera su respaldo en la lucha contra el crimen organizado, que emprende el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa para limpiar las calles de delincuentes, que pretenden adueñarse de los espacios que les pertenecen a los mexicanos.
jueves, 25 de agosto de 2011
Plenaria del GPPAN en Morelia, Michoacán
Amigas y amigos:
Les quiero compartir dos notas de hoy que aparecieron en televisión que dan cuenta de nuestra Plenaria que se está llevando a cabo en la bella ciudad de Morelia, Michoacán.
Les mando un cordial saludo!
Les quiero compartir dos notas de hoy que aparecieron en televisión que dan cuenta de nuestra Plenaria que se está llevando a cabo en la bella ciudad de Morelia, Michoacán.
Les mando un cordial saludo!
miércoles, 24 de agosto de 2011
La diputada Cecy Arévalo presente en la conferencia: “La Mujer Libre en el Contexto Actual”; participa la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla
En el marco de la conferencia: “La Mujer Libre en el Contexto Actual”, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota, coincidieron en que las mujeres de América Latina tienen la obligación de humanizar las políticas de Gobierno y dar un cambio de rumbo en las estrategias implementadas contra la ilegalidad, violencia, drogas y criminalidad.
Laura Chinchilla consideró además que se requieren políticas fuertes, sanción, control e invertir en más policías para poder controlar la criminalidad. Al referirse al caso específico de México precisó que se necesitan más soldados para enfrentar al crimen organizado.
“No hay la menor duda de que en el fondo tenemos que ser capaces de revertir esas condiciones de exclusión que hacen que muchas generaciones sientan que tienen el futuro perdido y que, en consecuencia, tengan menores posibilidades de atender el llamado de la ilegalidad, violencia, droga y criminalidad”, precisó.
En el evento organizado por la Junta de Coordinación Política, que encabeza la diputada Josefina Vázquez Mota, la Presidenta de Costa Rica señaló que el gobierno de una mujer, como el que ella encabeza, sin un sólido compromiso a favor de la equidad social difícilmente podrá dejar una huella significativa y difícilmente podrá garantizar éxito en el combate a la violencia. “No se trata de ponerle un rostro femenino a la política sino de aprovechar todos los valores que representa lo femenino con la política”, aclaró.
En relación a la situación que vive América Latina lamentó que esta región sea la más violenta del mundo en ausencia de guerras y siga siendo la más desigual del mundo, a pesar de que aquí se encuentran enormes riquezas como no las hay en otros continentes.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota reconoció el liderazgo de la mandataria de Costa Rica y expresó que su ejemplo debe ser replicado en otros países de Latinoamérica para poder alcanzar la transición democrática.
“Con la presencia de Laura Chinchilla no sólo reafirmamos el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida de nuestro país sino también la esperanza y el aliento de la transición democrática”, enfatizó.
La legisladora resaltó de aquella nación su democracia, su cercanía a México, la ausencia de un Ejército, pero sobre todo que sea un país ejemplo de paz y de construcción de acuerdos y de civilidad política, el cual se destaca no solamente por la agenda de promoción política y de prosperidad.
En la hacienda Los Morales, Vázquez Mota, agregó que la tarea que está haciendo Costa Rica es ejemplar y pueden replicarse en nuestro país ya que nos puede ayudar a recuperar algo más que los bosques y la selva. “Puede ayudarnos a recuperar la concordia, la cercanía entre nosotros, el diálogo y el respeto a la naturaleza”, refirió.
En el evento estuvieron presentes: Maricela Morales Ibáñez, titular de la PGR; Beatriz Paredes Rangel, ex dirigente nacional del PRI; Georgina Kessel, titular de Banobras; María del Rocío García Gaytán, titular del Inmujeres; María Isabel Miranda de Wallace; Cecilia Arévalo Sosa, presidenta del Consejo de Educación del GPPAN, Ruth Zavaleta Salgado, ex presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Amalia García Merino, ex gobernadora de Zacatecas; Gabriela Jiménez Cruz, Embajadora de Costa Rica en México; Christine Heather Bogle, Embajadora de Nueva Zelandia en México; Ana María León Miravalle, titular de Indesol; Delrose Montague, Embajadora de Jamaica en México, así como diputadas y senadoras de distintos partidos políticos, empresarias, académicas, entre otras.
martes, 23 de agosto de 2011
Los gobiernos panistas han disminuido las muertes por enfermedades de la pobreza
En los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional PRI de los últimos 20 años fallecieron el 8.3% de los mexicanos por enfermedades relacionadas a la pobreza, mientras que en la primera década de gobiernos panistas se han reducido las muertes a sólo 3.8%, de acuerdo con el programa Oportunidades.
Los mexicanos que mueren por enfermedades derivadas de condiciones de pobreza son menos de la mitad que hace una década y se está trabajando para llegar a la cobertura universal de salud para que ese mal se erradique por completo.
Asimismo, los gobiernos emanados del PAN en la última década han incrementado hasta en 43.7% las viviendas con piso firme, con lo que se reducen los riesgos de salud, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.
Fuente: Programa Oportunidades
Los mexicanos que mueren por enfermedades derivadas de condiciones de pobreza son menos de la mitad que hace una década y se está trabajando para llegar a la cobertura universal de salud para que ese mal se erradique por completo.
Asimismo, los gobiernos emanados del PAN en la última década han incrementado hasta en 43.7% las viviendas con piso firme, con lo que se reducen los riesgos de salud, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.
Fuente: Programa Oportunidades
El presidente Felipe Calderón retoma el Diálogo Ciudadano
El Presidente de la República, Felipe Calderón escucha y responde directamente a las inquietudes de ciudadanos de todas las regiones del país a travéz de DIÁLOGO CIUDADANO.
lunes, 22 de agosto de 2011
Editorial semanal de la coordinadora Josefina Vázquez Mota titulado: "Las deudas"
"Aunque en el discurso los legisladores nos hemos comprometido a dar respuesta a los enormes apremios que tiene México, no todos caminamos con este objetivo", dice Josefina en su editorial.
Agosto 21, 2011
Existe una deuda con los ciudadanos porque no se han resuelto los nuevos mecanismos y espacios para que tengan más poder sobre los legisladores. Es una deuda que significa que siga existiendo la impunidad de los políticos que saben que no pueden ser castigados o premiados por la ciudadanía porque no existe el poder de decidir quiénes deben quedarse y quiénes deben irse.
Es una deuda que persiste porque se rechazan las candidaturas independientes que son contrarias al monopolio de las burocracias de partido. Porque se intenta negociar el establecimiento de mayorías parlamentarias artificiales que no son sino la búsqueda de nuevas formas de autoritarismo. Porque no se es consecuente con la decisión de las mismas fuerzas políticas que en el Senado de la República votaron a favor de la Reforma Política, que nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsa con el respaldo de todos sus diputados.
Existe una deuda con las oportunidades de crecimiento económico de México y con la protección y creación de empleos dignos y productivos. Es la deuda con los ciudadanos por las reformas estructurales que siguen pendientes en el Congreso.
Aunque en el discurso los legisladores nos hemos comprometido a dar respuesta a los enormes apremios que tiene México, no todos caminamos con este objetivo. Es la deuda que frena la reforma laboral. Por el contrario, las y los diputados del PAN nos comprometimos incluso a apoyar con nuestros votos y nuestras firmas la propuesta de Reforma Laboral que en su momento presentó el PRI, con la convicción de que ese respaldo político permitiría a nuestro país contar de una buena vez por todas con una legislación más moderna, en favor de los empleos para más mujeres y más jóvenes.
No cejaremos en nuestro compromiso por la reforma laboral, porque ante un entorno económico mundial con altos riesgos, la medida más importante es la aprobación de las reformas pendientes.
Existe una deuda con la responsabilidad hacendaria. Debemos los legisladores seguir avanzando hacia un marco tributario simplificado, que no permita privilegios fiscales y enfrente los problemas de evasión y elusión fiscal, que fomente la actividad económica e incremente la base de contribuyentes, recaudando impuestos de manera justa, proporcional y equitativa.
Esta deuda tiene expresiones en las administraciones estatales y locales que no han superado la informalidad y la piratería que limitan la economía de millones de trabajadores mexicanos que cumplen puntualmente con las reglas establecidas. El combate a la informalidad no es sólo cuestión de los vendedores ambulantes, porque ellos representan el último y más débil eslabón de una cadena donde están involucrados con verdadera culpabilidad quienes producen e introducen artículos al país fuera de las reglas de mercado y sin contribuir a los ingresos públicos. La deuda con los ciudadanos consiste en no detener la impunidad de los funcionarios que ingresan a su bolsillo las cuotas que cobran a estos vendedores ambulantes, para beneficio propio o para conformar bolsas que se distribuyen entre más funcionarios corruptos o se usan sin transparencia con fines políticos.
Existe una deuda con el federalismo, que en muchos sitios de nuestro país no termina de consolidarse institucionalmente frente al poder local. Es una deuda con la transparencia, con la rendición de cuentas a los ciudadanos por el empleo de los recursos públicos. Es una deuda con la existencia de contrapesos reales que frenen el autoritarismo y el abuso a nivel local.
Es una deuda por rehusar la recaudación de impuestos que les mandata la ley, por estar sobre-endeudado a los estados que gobiernan, por recurrir al Gobierno Federal en busca de incrementar las transferencias que año con año reciben, sin mostrar corresponsabilidad alguna.
Es una deuda de falta de corresponsabilidad por generar con recaudaciones locales únicamente el 8.1% de sus ingresos totales, como promedio nacional, con casos extremos que sólo generan 3.5% de sus ingresos totales.
Es una deuda de irresponsabilidad que en esta década, aunque las transferencias que la federación envía a los estados han aumentado en más de 100%, la deuda de los estados haya aumentado en más de 250%. Más grave aún, hay entidades que han multiplicado sus obligaciones más allá de cualquier lógica: Veracruz incrementó su deuda, en términos reales, en más de 700 veces, Michoacán, en treinta veces y Coahuila, nada más en el último sexenio, en cien veces. Un lastre para las generaciones futuras que no puede sino llamarse irresponsable. Las transferencias y la deuda son instrumentos para el desarrollo de los estados y para atacar la pobreza, no para comprometer el futuro de sus ciudadanos.
Para frenar esta acumulación de deudas que pueden dañar no sólo a la población de los estados en cuestión, sino a la Nación en su conjunto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados los legisladores del PAN hemos introducido propuesta de leyes cuyo propósito es acabar con el endeudamiento excesivo, sin un destino social o productivo específico, sin transparencia ni rendición de cuentas, de los estados y los municipios del país.
Estas deudas ponen al descubierto, por un lado, la ausencia de contrapesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estas deudas ponen al descubierto un sistema fiscal aún insuficiente, una hacienda pública con escasos márgenes de maniobra. Estas deudas dan cuenta también de una impunidad que lastima y ofende. Las propuestas de cambio a la Ley de Coordinación Fiscal que hoy se quiere cambiar para la rentabilidad de algunos gobiernos estatales, son urgentes, pero estos cambios deben ser para la rentabilidad ciudadana, ni más, ni menos.
Es una deuda que persiste porque se rechazan las candidaturas independientes que son contrarias al monopolio de las burocracias de partido. Porque se intenta negociar el establecimiento de mayorías parlamentarias artificiales que no son sino la búsqueda de nuevas formas de autoritarismo. Porque no se es consecuente con la decisión de las mismas fuerzas políticas que en el Senado de la República votaron a favor de la Reforma Política, que nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsa con el respaldo de todos sus diputados.
Existe una deuda con las oportunidades de crecimiento económico de México y con la protección y creación de empleos dignos y productivos. Es la deuda con los ciudadanos por las reformas estructurales que siguen pendientes en el Congreso.
Aunque en el discurso los legisladores nos hemos comprometido a dar respuesta a los enormes apremios que tiene México, no todos caminamos con este objetivo. Es la deuda que frena la reforma laboral. Por el contrario, las y los diputados del PAN nos comprometimos incluso a apoyar con nuestros votos y nuestras firmas la propuesta de Reforma Laboral que en su momento presentó el PRI, con la convicción de que ese respaldo político permitiría a nuestro país contar de una buena vez por todas con una legislación más moderna, en favor de los empleos para más mujeres y más jóvenes.
No cejaremos en nuestro compromiso por la reforma laboral, porque ante un entorno económico mundial con altos riesgos, la medida más importante es la aprobación de las reformas pendientes.
Existe una deuda con la responsabilidad hacendaria. Debemos los legisladores seguir avanzando hacia un marco tributario simplificado, que no permita privilegios fiscales y enfrente los problemas de evasión y elusión fiscal, que fomente la actividad económica e incremente la base de contribuyentes, recaudando impuestos de manera justa, proporcional y equitativa.
Esta deuda tiene expresiones en las administraciones estatales y locales que no han superado la informalidad y la piratería que limitan la economía de millones de trabajadores mexicanos que cumplen puntualmente con las reglas establecidas. El combate a la informalidad no es sólo cuestión de los vendedores ambulantes, porque ellos representan el último y más débil eslabón de una cadena donde están involucrados con verdadera culpabilidad quienes producen e introducen artículos al país fuera de las reglas de mercado y sin contribuir a los ingresos públicos. La deuda con los ciudadanos consiste en no detener la impunidad de los funcionarios que ingresan a su bolsillo las cuotas que cobran a estos vendedores ambulantes, para beneficio propio o para conformar bolsas que se distribuyen entre más funcionarios corruptos o se usan sin transparencia con fines políticos.
Existe una deuda con el federalismo, que en muchos sitios de nuestro país no termina de consolidarse institucionalmente frente al poder local. Es una deuda con la transparencia, con la rendición de cuentas a los ciudadanos por el empleo de los recursos públicos. Es una deuda con la existencia de contrapesos reales que frenen el autoritarismo y el abuso a nivel local.
Es una deuda por rehusar la recaudación de impuestos que les mandata la ley, por estar sobre-endeudado a los estados que gobiernan, por recurrir al Gobierno Federal en busca de incrementar las transferencias que año con año reciben, sin mostrar corresponsabilidad alguna.
Es una deuda de falta de corresponsabilidad por generar con recaudaciones locales únicamente el 8.1% de sus ingresos totales, como promedio nacional, con casos extremos que sólo generan 3.5% de sus ingresos totales.
Es una deuda de irresponsabilidad que en esta década, aunque las transferencias que la federación envía a los estados han aumentado en más de 100%, la deuda de los estados haya aumentado en más de 250%. Más grave aún, hay entidades que han multiplicado sus obligaciones más allá de cualquier lógica: Veracruz incrementó su deuda, en términos reales, en más de 700 veces, Michoacán, en treinta veces y Coahuila, nada más en el último sexenio, en cien veces. Un lastre para las generaciones futuras que no puede sino llamarse irresponsable. Las transferencias y la deuda son instrumentos para el desarrollo de los estados y para atacar la pobreza, no para comprometer el futuro de sus ciudadanos.
Para frenar esta acumulación de deudas que pueden dañar no sólo a la población de los estados en cuestión, sino a la Nación en su conjunto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados los legisladores del PAN hemos introducido propuesta de leyes cuyo propósito es acabar con el endeudamiento excesivo, sin un destino social o productivo específico, sin transparencia ni rendición de cuentas, de los estados y los municipios del país.
Estas deudas ponen al descubierto, por un lado, la ausencia de contrapesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estas deudas ponen al descubierto un sistema fiscal aún insuficiente, una hacienda pública con escasos márgenes de maniobra. Estas deudas dan cuenta también de una impunidad que lastima y ofende. Las propuestas de cambio a la Ley de Coordinación Fiscal que hoy se quiere cambiar para la rentabilidad de algunos gobiernos estatales, son urgentes, pero estos cambios deben ser para la rentabilidad ciudadana, ni más, ni menos.
viernes, 19 de agosto de 2011
El 80 por ciento de las quemaduras entre los niños suceden en casa y se incrementan en periodo de vacaciones
Amigos y amigas:
Les comparto un reportaje que apareció recientemente en televisión y que trata sobre los accidentes por quemaduras entre los niños y que, según esto, se incrementan más en periodos de vacaciones.
Les comparto un reportaje que apareció recientemente en televisión y que trata sobre los accidentes por quemaduras entre los niños y que, según esto, se incrementan más en periodos de vacaciones.
miércoles, 17 de agosto de 2011
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el Decreto que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución referentes al "Veto de Bolsillo"
Amigos:
Quiero comentarles que en la sesión ordinaria del 9 de diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados, aprobamos en lo general y con la mayoría calificada de 337 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política, en materia de veto presidencial, que establece un plazo para que el Ejecutivo promulgue o devuelva con observaciones los proyectos de ley o decreto.
Ayer, amigos, y esto lo comparto con ustedes con sumo beneplácito, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, firmó el Decreto que reforma los citados artículos constitucionales.
Con esta reforma, se elimina el llamado “Veto de Bolsillo” que permitía al Ejecutivo, ante la ausencia de plazos, omitir indefinidamente la publicación de un Proyecto de Decreto remitido por el Congreso de la Unión.
Durante la firma del Decreto, señaló que “el Constituyente Permanente, integrado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las Cámaras de las entidades federativas, han decidido reformar, y qué bueno, esta figura constitucional.”
El Presidente Calderón comentó también que una vez firmada, “estará lista para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual entrará en plena vigencia esta reforma.”
Esta Reforma Constitucional modifica el plazo de 10 días “útiles” para emitir observaciones, estableciendo ahora un periodo de 30 días naturales para que el Ejecutivo Federal publique un Proyecto remitido por el Congreso, o bien para ejercer el veto. De no devolverse con observaciones, el Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días para su publicación. Si ésta no ocurriese, el Presidente de la Cámara de origen estará facultado para ordenar su publicación en los 10 días naturales siguientes.
Estos plazos no se interrumpirán aun cuando el Congreso se encuentre en período de receso, ya que se faculta a la Comisión Permanente para recibir tales observaciones.
Esta reforma constitucional no contiene un régimen transitorio respecto del tratamiento procesal de los decretos pendientes, por lo que buscando garantizar plena certidumbre jurídica, una vez publicados la mayor parte de los Proyectos del periodo pasado, se estima conveniente su inserción en nuestro sistema jurídico con esta fecha.
Así, la Presidencia de la República refrenda su firme compromiso por fortalecer una permanente colaboración entre poderes mediante los mecanismos institucionales, particularmente, a través del mejoramiento de nuestro proceso legislativo, garantizando la consolidación de nuestro régimen democrático.
A continuación les presento una nota de televisión y el video de la firma del decreto por parte del presidente Felipe Calderón.
Quiero comentarles que en la sesión ordinaria del 9 de diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados, aprobamos en lo general y con la mayoría calificada de 337 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política, en materia de veto presidencial, que establece un plazo para que el Ejecutivo promulgue o devuelva con observaciones los proyectos de ley o decreto.
Ayer, amigos, y esto lo comparto con ustedes con sumo beneplácito, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, firmó el Decreto que reforma los citados artículos constitucionales.
Con esta reforma, se elimina el llamado “Veto de Bolsillo” que permitía al Ejecutivo, ante la ausencia de plazos, omitir indefinidamente la publicación de un Proyecto de Decreto remitido por el Congreso de la Unión.
Durante la firma del Decreto, señaló que “el Constituyente Permanente, integrado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las Cámaras de las entidades federativas, han decidido reformar, y qué bueno, esta figura constitucional.”
El Presidente Calderón comentó también que una vez firmada, “estará lista para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual entrará en plena vigencia esta reforma.”
Esta Reforma Constitucional modifica el plazo de 10 días “útiles” para emitir observaciones, estableciendo ahora un periodo de 30 días naturales para que el Ejecutivo Federal publique un Proyecto remitido por el Congreso, o bien para ejercer el veto. De no devolverse con observaciones, el Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días para su publicación. Si ésta no ocurriese, el Presidente de la Cámara de origen estará facultado para ordenar su publicación en los 10 días naturales siguientes.
Estos plazos no se interrumpirán aun cuando el Congreso se encuentre en período de receso, ya que se faculta a la Comisión Permanente para recibir tales observaciones.
Esta reforma constitucional no contiene un régimen transitorio respecto del tratamiento procesal de los decretos pendientes, por lo que buscando garantizar plena certidumbre jurídica, una vez publicados la mayor parte de los Proyectos del periodo pasado, se estima conveniente su inserción en nuestro sistema jurídico con esta fecha.
Así, la Presidencia de la República refrenda su firme compromiso por fortalecer una permanente colaboración entre poderes mediante los mecanismos institucionales, particularmente, a través del mejoramiento de nuestro proceso legislativo, garantizando la consolidación de nuestro régimen democrático.
A continuación les presento una nota de televisión y el video de la firma del decreto por parte del presidente Felipe Calderón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)